– El Congreso deberá informar a la SCJN, a más tardar el 9 de abril, el procedimiento para cumplir el ordenamiento.
San Luis Potosí, S.L.P.- El Congreso del Estado sostuvo una reunión interinstitucional para avanzar en la definición del ente responsable de llevar a cabo la consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo informó el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política.
En el encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del propio Legislativo, entre ellos Bernarda Reyes Hernández, directora general del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Anahí Zarazúa Martínez; y la magistrada María del Rocío Hernández Cruz. También asistieron la subsecretaria Ana Sofía Aguilar Rodríguez, la diputada Sara Rocha Medina, el diputado Roberto García Castillo, la diputada Brisseire Sánchez López y el coordinador jurídico del Congreso, Walter Alfonso Espinoza Huerta.
El diputado Serrano Cortés explicó que el Congreso se encuentra dentro del plazo establecido por la Suprema Corte, que vence el 9 de abril, para informar el procedimiento que se seguirá para cumplir con el mandato. Señaló que el objetivo es presentar una propuesta sólida que garantice la validez del proceso y permita que los sectores involucrados emitan su opinión sobre los ordenamientos que deben ser consultados.
Añadió que la prioridad es realizar este procedimiento con responsabilidad y eficiencia, procurando un uso adecuado de los recursos públicos, pero asegurando resultados que cumplan con los estándares legales y con el espíritu participativo que exige la consulta.
Con esta coordinación, el Congreso del Estado avanza en el cumplimiento de un mandato constitucional que busca garantizar la participación efectiva de comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad en la toma de decisiones legislativas que les afectan directamente.
