El Paquete Económico 2026 confirmó que la llamada austeridad republicana quedó atrás en el Poder Judicial federal, al otorgarle un presupuesto histórico de 85 mil 960 millones de pesos. La cifra representa casi 15 mil millones más que el gasto ejercido este año y marca un contraste con los discursos oficiales de recortes y eficiencia que, en los hechos, parecen aplicarse de manera selectiva.
El mayor aumento se concentrará en el órgano de Administración Judicial, que pasará de 62 mil 25 a 74 mil 224 millones de pesos. A ello se suma la creación de una nueva bolsa de mil 856 millones para el Tribunal de Disciplina Judicial, institución que apenas inicia funciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a contar con menos ministras y ministros en funciones, también recibirá un alza de 12.6 por ciento, al pasar de 5 mil 208 a 5 mil 869 millones de pesos.
La magnitud del ajuste genera suspicacias. Mientras dependencias como Seguridad, el INE, Cultura y Medio Ambiente enfrentan recortes significativos, el Poder Judicial “se despacha con la cuchara grande”, asegurándose recursos muy por encima de lo presupuestado en años anteriores. El contraste resulta aún más notorio en un contexto de demandas sociales por inversión en salud, educación y programas comunitarios.
La narrativa oficial había insistido en que la democracia exigía instituciones sobrias, transparentes y ajustadas a las prioridades nacionales. Sin embargo, la realidad presupuestal muestra otra cara: un Poder Judicial fortalecido económicamente, blindado contra los recortes y con nuevas estructuras que garantizan flujo de recursos. La pregunta que queda en el aire es dónde quedó la austeridad que se prometió como principio rector del servicio público.
Así, el Paquete Económico 2026 exhibe una paradoja: mientras a muchos sectores se les exige hacer más con menos, el Poder Judicial federal amplía su margen de gasto como nunca antes en su historia. En el discurso, se habla de una justicia cercana al pueblo y de una democracia más austera; en los hechos, los ministros y sus órganos administrativos dispondrán de más recursos que nunca, alimentando el debate sobre si realmente se gobierna con congruencia o con privilegios disfrazados.
