Un extenso reportaje publicado por el diario español El País pone al descubierto un posible conflicto de interés y una red de influencias con implicaciones políticas y judiciales en San Luis Potosí, en torno a un caso de agresión sexual contra una joven brasileña identificada como Valeria. El texto señala que la manera en que ha sido manejado el expediente —y en particular la absolución de hecho del presunto responsable— parece responder más a conexiones de alto nivel que a la evidencia y a la ley.
El caso ocurrió el 28 de septiembre de 2025 en el Hotel Hyatt de San Luis Potosí, cuando Valeria, diagnosticada con sonambulismo, fue encontrada semidesnuda, desorientada y con lesiones compatibles con una violación tras haber estado dentro de la habitación de Guillermo Baeza Prado, un joven de 27 años vinculado familiarmente con los fundadores del poderoso Grupo Bafar.
Aunque los primeros informes médicos y psicológicos respaldan indicios de agresión —incluyendo laceraciones recientes y un cuadro de estrés postraumático compatible con un ataque sexual—, la Fiscalía de San Luis Potosí decidió no ejercer acción penal contra Baeza, argumentando falta de pruebas concluyentes y cuestionando aspectos del arresto inicial. Esta resolución ha sido fuertemente criticada por defensores de derechos humanos y expertos en justicia penal.
Uno de los elementos más controvertidos del caso es el papel del despacho Torsa Abogados, encargado de la defensa de Baeza. Según El País, este bufete fue fundado por Guadalupe Torres Sánchez, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno de San Luis Potosí. A la vez, su esposa, Xitlálic Sánchez, es vicefiscal jurídica del Ministerio Público, y su hermana, Silvia Torres Sánchez, funge como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado desde septiembre de 2025.
La cercanía entre los abogados defensores, los funcionarios públicos y el sistema de justicia local ha levantado serias acusaciones de conflicto de interés y trato privilegiado. Expertos consultados por El País señalan que estas relaciones institucionales podrían haber influido en la decisión de liberar al acusado apenas horas después de su detención, a pesar de las evidencias médicas y testimoniales que apuntan a un delito grave.
La familia de Valeria y su pareja también han denunciado que recibieron amenazas e intimidaciones tras presentar la denuncia, y que parte de su información personal fue entregada a la defensa, lo cual agrava la percepción de una estructura de impunidad respaldada por contactos de alto nivel. Aunado a ello, la defensa ha sostenido argumentos de que no hubo violencia ni incapacidad de consentimiento —pese a los dictámenes expertos— para justificar la ausencia de delito.
Este caso pone en evidencia una problemática más amplia: la fragilidad de los mecanismos que garantizan justicia cuando existen conexiones entre poderes públicos y grupos influyentes, y cómo ello puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Más allá de una historia individual, el episodio se perfila como un llamado de alerta sobre la necesidad de fortalecer la independencia judicial y erradicar prácticas de favoritismo que comprometen la equidad y el Estado de derecho.
Aqui el reporteaje original de este caso: https://elpais.com/mexico/2026-02-15/la-hora-y-50-minutos-que-valeria-sobrevivio-dentro-de-la-habitacion-626.html.
