En un acto que, sin lugar a dudas, pone en entredicho la coherencia de sus discursos, el ministro Hugo Aguilar permitió, sin reparos y ante la mirada de los presentes, un acto humillante en el que una mujer y un colaborador le limpiaron los zapatos antes de la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro. Este bochornoso episodio, que no solo se dio a conocer rápidamente, sino que se hizo aún más evidente por la indiferencia con la que Aguilar trató el suceso, muestra un desprecio total por el respeto que debe existir entre los servidores públicos y el pueblo que supuestamente representan.
Es inaceptable que un funcionario de tal envergadura permita una acción tan degradante, que no solo denigra a la persona que fue objeto de la humillación, sino que también refleja una total falta de ética y sensibilidad ante el poder que ostentan. Aguilar, al no intervenir ni siquiera para frenar esta escena, legitima un acto que pone en evidencia el autoritarismo y la soberbia de ciertos sectores del gobierno. El hecho de que este episodio ocurriera justo antes de una ceremonia solemne, presidida por la presidenta Sheinbaum, añade una capa de hipocresía al asunto, pues mientras se pregona un discurso de unidad y respeto, se dejan pasar situaciones de esta índole sin pena alguna.
Lo que es aún más preocupante es que, al tratar de minimizar el incidente, el ministro hace patente el vacío entre su discurso y sus acciones. Durante años, figuras públicas como él han intentado presentar una imagen de respeto por los derechos humanos, la dignidad de las personas y las comunidades más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas. Sin embargo, hechos como el que protagonizó Aguilar destruyen esta fachada, dejando claro que su retórica de “ser del pueblo y para el pueblo” es tan solo eso, palabras vacías que poco tienen que ver con la realidad que viven aquellos que representan.
Este episodio no debe ser tratado como un simple error de protocolo o una “mala jugada” en el día de la ceremonia. Es una muestra palpable de las desigualdades y los abusos de poder que aún prevalecen en ciertas esferas del gobierno. Los ciudadanos merecen funcionarios que actúen con dignidad, que respeten no solo las normas, sino también los principios básicos de convivencia y respeto. La política de “ser del pueblo” no puede ser solo un eslogan vacío, sino una verdadera muestra de respeto por cada individuo, sin importar su género, estatus o posición en la sociedad.
