El pasado 22 de febrero, las autoridades federales dieron un golpe certero al abatir a uno de los líderes de las organizaciones criminales más letales y expansivas de todo el país, un personaje cuya sombra oscura se extiende por al menos 27 entidades, incluido, lamentablemente, nuestro propio San Luis Potosí, según los datos de la inteligencia militar y de las propias autoridades federales. Este logro de la seguridad pública, que se aplaude y celebra como un éxito, nos recuerda una de las tragedias más profundas de este país: el contraste entre las fuerzas del orden y la expansión desmesurada del crimen organizado. Aunque la detención o eliminación de estas figuras es, sin duda, una victoria para las autoridades, no debemos perder de vista la magnitud de lo que enfrentamos: un ejército de criminales que sigue creciendo, más allá de la capacidad de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.
El escenario es escalofriante cuando vemos los fríos números de la realidad. Según estudios académicos, las organizaciones criminales en México cuentan con un estimado de entre 160,000 y 185,000 miembros activos, con una tasa de reclutamiento semanal que oscila entre 350 y 370 personas. Estos números reflejan una máquina imparable, alimentada por la desesperación de quienes, por ambición o coerción, se unen a estos grupos. Incluso cuando pierden a cientos cada año por muertes o detenciones, la maquinaria sigue funcionando gracias al constante flujo de nuevos reclutas. No es exagerado decir que, en este escenario, el crimen organizado ha logrado adaptarse, evolucionar y multiplicarse, mientras las autoridades siguen luchando por alcanzar la misma velocidad.
A pesar de que el Estado mexicano tiene un ejército de más de 480,000 efectivos en diversas ramas de las fuerzas federales y estatales, la comparación es tan desalentadora como reveladora: el crimen organizado sigue superando, y de lejos, la capacidad de control territorial y de combate directo. Los cárteles más grandes, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, siguen extendiendo sus redes, mientras las corporaciones de seguridad se enfrentan a una dispersión geográfica y, lo que es peor, a la penetración de la corrupción local. Y en medio de este desbordamiento, surgen las preguntas más dolorosas: ¿Realmente somos más los buenos?
El operativo de Tapalpa, que resultó en la eliminación de un líder criminal, es sin duda un paso importante para el país. Pero, como siempre, debemos mirar más allá del acto heroico y preguntarnos si estamos realmente se avanza hacia la erradicación del mal o si simplemente se maquilla la derrota. Y es que la gran paradoja de esta guerra es que el Estado tiene los recursos necesarios para frenar a los cárteles, pero el problema radica en la colusión, la impunidad y la falta de cohesión entre los diferentes niveles de gobierno. No se necesita un criptólogo para descifrar que dentro de las mismas corporaciones de seguridad hay personas comprometidas, pero no en la lucha contra el crimen, sino en su perpetuación. Esta es la corrupción silenciosa que alimenta la violencia y que convierte en una utopía el control territorial.
Y mientras esto ocurre, la sociedad paga las consecuencias. Miles de familias ven cómo la violencia y la inseguridad se apoderan de sus comunidades. Las mismas fuerzas federales que abaten a uno de los líderes de los cárteles, aplaudidas en los titulares de prensa, son las mismas que se ven obligadas a operar en territorios donde la autoridad local ya está contaminada, donde los policías municipales y estatales son, en muchos casos, cómplices de los criminales o, en el mejor de los casos, están impotentes ante la magnitud del problema. Si bien la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina siguen realizando operativos, es claro que se enfrentan a un monstruo que no solo es más grande que ellos, sino que tiene raíces profundas en el entramado político y social.
Por lo tanto, es justo preguntarse si los números realmente reflejan la capacidad de nuestro Estado para derrotar al crimen. La respuesta es clara, pero incómoda: no. En términos de fuerza operativa, el Estado tiene la ventaja. Sin embargo, en términos de estrategia, cohesión y voluntad política, la batalla está lejos de ser ganada. Y es aquí donde debemos reflexionar: si los buenos somos más, ¿por qué seguimos perdiendo? ¿Acaso no es hora de dejar atrás las falacias de estrategias como “abrazos, no balazos”, que resultaron ser una de las ideas más insensatas de los últimos gobiernos?
Al final, debemos hacer un reconocimiento sincero a aquellos que combaten al crimen en el terreno, a aquellos que dan su vida en esta lucha, y, por supuesto, a las autoridades que, a pesar de los enormes desafíos, siguen intentando devolverle la paz a nuestras comunidades. Pero también debemos recordar que, para que este esfuerzo no sea en vano, la lucha contra el crimen no debe limitarse a abatir a líderes criminales; debe ser una batalla que combata la corrupción, el vacío de poder y la falta de oportunidades que alimentan la violencia.
