abril 17, 2025

Entes auditables con observaciones sin solventar deben ser sancionados

– Lo anterior fue señalado por el diputado Luis Fernando Gámez.

San Luis Potosí, S. L. P.- El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, enfatizó la importancia de que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) continúe con las revisiones de la cuenta pública 2023 y sancione a aquellos entes auditables que no hayan solventado las observaciones realizadas.

Al repecto, el legislador comentó: “aparte de que resuelvan devolviendo el dinero, yo creo que debe de haber una sanción, porque no sería justo distraer recursos y luego, pues culminar devolviéndolos. Creo que el daño que generan a la población es que no se llevan obras y servicios para la gente, no se tiene un beneficio tangible y bueno, pues además de devolver el dinero debe de haber sanciones”.

Puntos Clave:

  • Continuidad de las revisiones:
    • El IFSE debe seguir revisando las cuentas públicas 2023 de los ayuntamientos y demás entes auditables.
    • El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normativas y detectar posibles irregularidades.
  • Llamado de atención:
    • Las observaciones a los ayuntamientos buscan mejorar la aplicación correcta del gasto público.
  • Justicia social:
    • Es fundamental que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a la población.
  • Sanciones necesarias:
    • En caso de detectarse afectaciones al erario público, se deben recuperar los recursos desviados.
    • Además, se deben aplicar sanciones firmes para prevenir futuras irregularidades.
  • Transparencia y rendición de cuentas:
    • Es esencial que el trabajo del IFSE sea claro y transparente.

Importancia de las Sanciones:

  • Las sanciones son cruciales para disuadir la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
  • Ayudan a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Esta declaración del diputado Gámez Macías subraya la necesidad de una fiscalización rigurosa y la aplicación de la ley para asegurar la correcta administración de los recursos públicos.