Guardia Civil y policías municipales podrán coadyuvar en la investigación de delitos

– La reforma armoniza la Constitución local con los cambios Federales y establece un calendario progresivo para asumir nuevas facultades.

San Luis Potosí, S.L.P.- Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Constitución Política del Estado para incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal y a las policías municipales en tareas de investigación bajo conducción del Ministerio Público, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.

La iniciativa, presentada por la diputada Leticia Vázquez Hernández y el diputado Rubén Guajardo Barrera, responde a la necesidad de homologar la legislación local con la reforma federal al artículo 21 Constitucional aprobada el año pasado. El objetivo es que las corporaciones preventivas puedan participar en labores de investigación en un esquema de coordinación formal con la Fiscalía.

“El propósito es otorgar facultades de investigación a la Policía Estatal, a través de la Guardia Civil, y a las policías municipales, de manera progresiva”, señaló Arreola Mallol. Explicó que la Federación ya opera bajo este modelo y que la armonización permitirá sumar capacidades institucionales para evitar que la carga de trabajo recaiga únicamente en la Fiscalía General del Estado.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. A partir de ese momento, autoridades estatales y municipales deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes en un plazo máximo de 180 días.

Las nuevas facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal comenzarán a ejercerse el 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales asumirán estas atribuciones a partir del 1 de enero de 2028. El Ministerio Público conservará la titularidad exclusiva de la investigación y persecución del delito, pero a partir de estas fechas contará con la coordinación operativa de las corporaciones de seguridad.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su análisis y votación.