San Luis Potosí, S.L.P.- En un esfuerzo interinstitucional sin precedentes, autoridades estatales, municipales, legislativas y organizaciones civiles participaron en el Foro Protocolos de actuación para la prevención y atención del abuso infantil, con el objetivo de consolidar un marco legal que garantice la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes en entornos escolares.
El evento, realizado en el auditorio “Gómez Morín” del edificio Presidente Juárez, fue convocado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, impulsor de la iniciativa de reforma al artículo 85 de la Ley de Educación del Estado, que busca establecer un protocolo interinstitucional de actuación para casos de abuso sexual infantil y otras formas de violencia.
Participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación (SEGE), el DIF Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancias municipales, presidentes de comisiones legislativas y más de 20 organizaciones civiles.
Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la fundación internacional Granito de Arena, subrayó la urgencia de abordar el tema desde el ámbito legal, al señalar que México ocupa el primer lugar mundial en casos de abuso sexual infantil. Por su parte, la fiscal general María Manuela García Cázares, el secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo y la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, coincidieron en la necesidad de perfeccionar los protocolos existentes para garantizar una atención integral, sin revictimización y con enfoque de cero tolerancia.
Durante el foro, legisladores como Gabriela López Torres, Mireya Vancini Villanueva, César Arturo Lara Rocha, Luis Felipe Castro Barrón y Marco Antonio Gama Basarte expresaron su respaldo a la iniciativa y propusieron incluir medidas específicas para menores con discapacidad.
El diputado Gámez Macías explicó que el nuevo protocolo busca eliminar la ambigüedad en los procedimientos actuales, que muchas veces impide el adecuado procesamiento de las denuncias. “Hoy por hoy, si un maestro detecta un caso de abuso, no sabe si acudir primero a la fiscalía, a la dirección o a los padres. Esta falta de claridad entorpece la actuación de la autoridad y deja sin justicia a las víctimas”, señaló.
La propuesta contempla la creación de un comité interinstitucional que defina un reglamento claro y socializable con el personal educativo, para que sepan cómo actuar paso a paso y se preserve la integridad de las víctimas.
Se prevé que el protocolo quede aprobado antes de finalizar el año, para iniciar 2026 con un marco de actuación regular. En noviembre se llevará a cabo una nueva reunión para integrar propuestas concretas al dictamen que ya se analiza en comisiones legislativas.
