diciembre 03, 2024

La Fiscal General del Estado compareció ante el Congreso local

– La licenciada María Manuel García Cázares dio a conocer el inicio de la reorganización de la dependencia, para mejorar su modelo de atención

San Luis Potosí, S. L. P.- La Fiscal General del Estado, María Manuela García Cazares compareció éste martes ante la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, para detallar aspectos relacionado con su Informe Anual de Actividades.

Sobre la función de la Fiscalía Especializada en Pueblos y Comunidades Indígenas, con sede en Tancanhuitz, mencionó que ahí se busca brindar una atención con sensibilidad y empatía, y en su personal cuenta con agentes del Ministerio Público, traductores e intérpretes, además de que está abierta la convocatoria para reclutar personal que fortalecerá esas áreas.

Con relación al delito de abigeato, la fiscal dijo que la mayor incidencia de ese delito se ubica en las Zonas Media y Huasteca, donde se realizan operativos con policías de investigación. Al tiempo, pidió una reforma integral al Código Penal del Estado, en lo referente a ese delito, pues consideró que existen aspectos repetitivos en la norma, que pueden generar confusiones, además de la pena por ese delito, impone sanciones mayores para quien vende los animales o sus pieles, que para quien los roba, lo cual debe revisarse.

Respecto al caso del centro nocturno “Rich”, dijo que al momento de los hechos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brindó apoyo a las personas lesionadas y familiares de las personas fallecidas, y al momento hay 3 personas detenidas, ya en prisión preventiva, y la etapa complementaria del proceso fenece el 22 de diciembre de este año. Añadió que la Fiscalía llevará los datos de prueba de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procesos Penales, para acreditar los delitos y responsabilidades de quienes intervinieron en ellos y llevarlos a juicio oral, para posteriormente obtener una sentencia condenatoria.

Con relación a los trabajos en mesas de coordinación para la construcción de la paz y seguridad, respondió a cuestionamientos de la legisladora Frinne Azuara Yarzabal, y el diputado Juan Cárlos Bárcenas, señalando que se han realizado más de 500 mesas de trabajo en las que se fortalece la colaboración interinstitucional con los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, municipios y la Federación, y a la vez resaltó la importancia de participar en la Conferencia Nacional de Fiscalías, que realliza dos reuniones anuales, con una relevante participación para la colaboración y atención entre ese tipo de entes.

El diputado Rubén Guajardo cuestionó sobre el caso registrado en Huasteca, donde un edil retiró a fuerzas de la Guardia Civil, por lo que el Secretario de Seguridad del Estado manifestó que se presentaría la denuncia correspondiente, frente a lo cual, la fiscal dijo que se registró la denuncia y se dio trámite a la Fiscalía de Servidores Públicos, y actualmente se está requiriendo información y recabando videos.

Respecto a la reforma al artículo 21 Constitucional Federal en materia de seguridad, recientemente aprobada a nivel Federal, la fiscal dijo que ese tema deberá ser tratado con cautela al momento de normar la actuación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, y que el conductor de la investigación sea el ministerio público.

En relación al fraude en compra de vehículos, principalmente cuando se hacen tratos en línea, y se entregue con reporte de robo, por lo cual se trabaja una propuesta para que este delito tenga una penalidad mayor. Detalló que se pretende que la Fiscalía emita un certificado que dé certeza sobre la unidad en venta, de que no tenga reporte de robo; además de que se cuente con una pensión gratuita para la entrega de vehículos recuperados, pues actualmente el propietario debe pagar arrastre de grúa y pensión, lo que merma su patrimonio.

La diputada Patricia Aradillas cuestionó sobre los apoyos a víctimas de violencia familiar, a fin de que se promueva denuncia. La fiscal García Cazares manifestó que se cuenta con una Fiscalía Especializada para atender a las víctimas de este delito, donde se busca brindar atención médica, psicológica y legal, además de dar seguimiento y medidas de protección inmediatas.

La diputada Sara Rocha Medina solicitó información sobre los exámenes de evaluación de control y confianza, por lo cual se fortalece la capacitación para que el personal apruebe ese tipo de exámenes. Dijo que al momento, solamente existe un procedimiento contra una persona que no aprobó ese tipo examen, y actualmente, más de 100 servidores públicos forman parte del servicio profesional de carrera de la Fiscalía General del Estado.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la fiscal manifestó que se brinda la información que particulares solicitan, buscando que la información sea accesible, confiable, veraz y oportuna.

En lo relacionado a la búsqueda de personas, señaló que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos realiza la investigación de denuncias presentadas, y les da seguimiento, brindando atención a las víctimas y sus familias. Sobre sus resultados, señaló que por medio de investigaciones se ha logrado localizar a un gran número de personas, y se desarrollan sistemas tecnológicos, como escáner para huellas dactilares, además de que existe un convenio con el Instituto Nacional Electoral, para compartir información de las huellas, principalmente de personas fallecidas.

A pregunta de la diputada Diana Ruelas, la fiscal indicó que en lo que va del año se tienen registrados 10 feminicidios, de los cuales 8 ya fueron judicializados, y existen vinculaciones a proceso, y las personas imputadas están sujetas a medidas cautelares de prisión preventiva. A{adió que la Fiscalía Especializada en Feminicidios atiende dos feminicidios, aun en investigación, y se espera que pronto puedan ponerse a disposición del juez de control, a la vez que dio a conocer la actualización del protocolo de investigación en materia de feminicidio.

El diputado Carlos Arreola solicitó información relacionada con investigaciones pendientes contra ex funcionarios estatales, de lo que la fiscal reveló que existen algunas carpetas que siguen en investigación. Añadió que la Fiscalía General del Estado tiene planes en materia de combate a la impunidad y la corrupción, fomentando la denuncia entre los usuarios y manteniendo una atención integral y con capacitación constante a su personal.

En su presentación, María Manuela García, Fiscal General del Estado señaló que la institución a su cargo ha iniciado un proceso de reorganización para establecer un adecuado modelo de atención.

Señaló que mediante esta reorganización, se consiguió que en poco más de 52 mil carpetas de investigación, se hayan alcanzado casi 3 mil 300 años de condena para quienes han sido juzgados como infractores de la ley; y se han recuperado, 170 millones de pesos, en favor de más de 2 mil personas e instituciones víctimas del delito.

Durante el periodo que se informa, los Agentes Fiscales iniciaron 2 mil 480 carpetas de investigación, de personas en flagrancia de delito, llevando a proceso, al 97 % de éstas.

En términos de violencia contra mujeres, dijo, se ha agilizado el proceso de judicialización de carpetas de investigación por feminicidios, en menos de 36 horas, así como acciones implementadas, para atender la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado; en materia de atención a víctimas se hacen esfuerzos por fortalecer esta función y garantizar una atención integral a todas las víctimas, especialmente a las de delitos graves,.

En los procesos de investigación criminal, se están consolidando los servicios que presta la Vicefiscalía Científica, en la que hacemos un esfuerzo extraordinario para emitir opiniones conclusivas de carácter técnico o científico que sirvan de sustento probatorio a las investigaciones iniciadas en la FGE.

Destacó que ya se cuenta con la acreditación del laboratorio de química forense, y está en proceso la acreditación de 4 laboratorios más, en genética, balística, criminalística y lofoscopía; además de que está por concluir el proceso para acreditar los Laboratorios Forenses de la Fiscalía General del Estado, por parte de la Unidad Acreditadora (ANAB), organismo internacional con sede en Estados Unidos que además emite acreditaciones para otros países.