San Luis Potosí, S.L.P.- México dio un paso relevante en materia ambiental y de desarrollo sostenible con la aprobación de la Ley de Economía Circular del pasado 19 de enero de 2026, tras permanecer detenida desde 2019.
Aunque el avance llega con retraso, marca un punto de partida para replantear la forma en que el país produce, consume y desecha bienes, afirmó el doctor Marcos Algara Siller, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El especialista consideró que la aprobación de la ley constituye “un paso importante”, pero subrayó que aún queda un amplio camino por recorrer. Recordó que la iniciativa se presentó hace casi siete años y permaneció entrampada en el proceso legislativo hasta su reciente aprobación.
Explicó que ahora corresponde a diversas dependencias federales —entre ellas Medio Ambiente, Economía y Energía— definir los mecanismos de aplicación, reglamentos y coordinación con los estados. “Es una labor compleja, pero el hecho de que la ley esté aprobada ya es un avance que no debe minimizarse”, señaló.
Algara Siller destacó que la economía circular cuestiona la idea tradicional de que el crecimiento económico depende de producir y consumir cada vez más, un modelo que presiona recursos naturales finitos. Propuso diferenciar entre crecimiento y desarrollo, este último entendido como la mejora de las condiciones de vida sin necesidad de acumular bienes. “No se requiere multiplicar objetos para desarrollarse, sino garantizar lo necesario para aprender, vivir dignamente y avanzar”, ejemplificó.
El investigador advirtió que gran parte del modelo económico actual se sostiene en la obsolescencia programada, que impulsa el reemplazo constante de productos como ropa o teléfonos móviles. Frente a ello, la economía circular plantea extender la vida útil de los bienes mediante reparación, reutilización, renovación y reciclaje. Recordó que el enfoque ha evolucionado de las tres R tradicionales a siete: reducir, reutilizar, reciclar, reparar, repensar, recuperar y rechazar.
Vinculó este modelo con la sostenibilidad urbana, señalando que las ciudades consumen cerca del 75 por ciento de la energía mundial y generan alrededor del 70 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, pese a que dependen del campo para obtener agua, alimentos y energía. “Transformamos y consumimos en exceso, y eso exige replantear nuestras prácticas”, apuntó.
La aprobación de la ley abre la puerta para construir políticas públicas que impulsen ese cambio de paradigma. Aunque reconoció que aún no se observan avances claros en los estados, insistió en que el nuevo marco legal representa una oportunidad para transitar hacia un modelo que priorice la durabilidad, el uso responsable de los recursos y un desarrollo más sostenible.
