La victoria de México en Miss Universo 2025 a través de Fatima Bosch, celebrada como un hecho histórico, quedó opacada de inmediato por un escándalo que sacudió al certamen y a sus organizadores. Lo que debió ser un triunfo nacional terminó exponiendo una compleja red de corrupción que rodeaba el concurso y que hoy tiene bajo investigación a uno de sus máximos responsables.
Autoridades federales giraron una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de la franquicia de Miss Universo en México, por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, así como el suministro ilícito de armas a grupos delictivos. La investigación reveló un entramado operativo que se extendía más allá del espectáculo y que vinculaba al empresario con actividades criminales de alto impacto.
Ante la presión judicial y la solidez de las acusaciones, Rocha Cantú optó por incorporarse al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República. Esta decisión le permitió evitar la ejecución inmediata de la orden en su contra y, al mismo tiempo, lo obligó a colaborar con las autoridades proporcionando información clave sobre las redes involucradas. Su ingreso al esquema de protección confirma la gravedad del caso y la relevancia de los grupos que podrían quedar expuestos.
Las sospechas sobre irregularidades no se limitaron a la esfera criminal. Días antes de la final del certamen, miembros del jurado habrían renunciado debido a presuntas manipulaciones en la evaluación de las participantes. Versiones extraoficiales apuntan a que intereses vinculados al propio Rocha habrían influido para favorecer a la candidata mexicana, lo que profundizó las dudas sobre la integridad del concurso y convirtió el triunfo en un foco de polémica internacional.
Lo que inició como una celebración terminó revelando un mecanismo de corrupción que combina espectáculo, dinero y presunta colusión con el crimen organizado. México obtuvo la corona, pero el precio fue destapar una cloaca que ahora obliga a las autoridades a esclarecer a fondo cómo se manipuló un evento global y quiénes más participaron en esta red de poder y delitos.
