Cuatro de los magistrados recientemente electos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí son inelegibles para ocupar el cargo, al no cumplir con un requisito académico esencial: tener un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura en Derecho. Se trata de Arturo Morales Silva, actual presidente del Poder Judicial; José Luis Ruiz Contreras; Ángel Gonzalo Santiago Hernández; y Mónica Kemp Zamudio, quienes apenas aprobaron la carrera con promedios que oscilan entre 7.58 y 7.91, según constancias oficiales de la UASLP. Por lo que se espera el fallo en contra de su elección del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí.
Los documentos, emitidos por la Facultad de Derecho y firmados por su secretario general, Daniel Medina Castillo, fueron solicitados por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Dennise Porras Guerrero, en el marco de los juicios acumulados TESLP/JNE/09/2025, TESLP/JNE/10/2025, TESLP/JNE/11/2025 y TESLP/JDC/111/2025. Las impugnaciones fueron promovidas por los excandidatos a magistrados Juan Paulo Almazán Cue, Yaneth Hernández Trejo, Héctor Vega Robles y José de Jesús Cárdenas Turrubiartes.
El requisito académico está claramente establecido en las convocatorias extraordinarias para el proceso de selección 2025 en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial: mínimo 8.0 de promedio general en la licenciatura y 9.0 en las materias relacionadas con el cargo. Pese a ello, los Comités de Evaluación no realizaron la verificación correspondiente, y los candidatos avanzaron hasta aparecer en la boleta electoral. Tampoco el Ceepac revisó el cumplimiento, argumentando que esta responsabilidad recae exclusivamente en los Comités.
A nivel nacional, el INE ya ha invalidado el nombramiento de al menos 45 magistrados y jueces del Poder Judicial Federal por no cumplir este mismo criterio académico. En San Luis Potosí, un caso previo lo ejemplifica: la magistratura federal que ganó María Concepción Castro Martínez fue anulada por esta razón. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la validez de estos criterios, aunque señaló que las revisiones deben realizarse antes de la votación, por lo que será el Tribunal Electoral quien determine el futuro de estos nombramientos cuestionados.
