En San Luis Potosí, se ha logrado un avance significativo en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres con la aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado. Estas reformas establecen que para ser servidor público, no se debe contar con una sentencia condenatoria por delitos relacionados con la violencia familiar, contra las mujeres en razón de género y violencia sexual.
La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, destacó que se realizaron reformas a varios artículos de la Constitución, integrando el modelo «3 de 3 Contra la Violencia». Entre los requisitos para ser Diputado, Gobernador, Magistrado o miembro de un ayuntamiento, se establece que no deben tener una sentencia condenatoria que haya causado estado por violencia familiar o delitos contra las mujeres por razón de género. También se considera como requisito no estar registrado en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o, en caso de serlo, demostrar que se han pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.
Con estas reformas, se busca estar en concordancia con las disposiciones federales y tomar medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres, que es un problema grave que ha aumentado su incidencia en México. Además, se busca erradicar la percepción de permisividad hacia esta violencia, especialmente cuando es cometida por funcionarios públicos, representantes populares y políticos, quienes deberían liderar la lucha contra estas conductas inaceptables.
