Integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitaron una investigación formal sobre las presuntas discrepancias entre las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un pronunciamiento público, los organismos ciudadanos exigieron la intervención del Senado de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar la información patrimonial del legislador tabasqueño y esclarecer posibles conflictos de interés. El documento fue firmado por Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, junto con representantes de los comités estatales de Puebla, Durango, Quintana Roo y Michoacán.
Los comités demandaron que el Senado no sea utilizado como escudo para evadir responsabilidades y pidieron máxima transparencia en las aclaraciones del caso. Además, solicitaron al Órgano Interno de Control del Senado realizar cruces de información sobre las declaraciones patrimoniales y fiscales del legislador, mientras que al SAT le pidieron confirmar la consistencia de los datos difundidos públicamente. También exigieron a la ASF y al ente fiscalizador de Tabasco revisar los contratos y flujos financieros relacionados con el periodo de gestión de López Hernández.
En su posicionamiento, los organismos enfatizaron que “nadie está por encima de la ley y el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad”, por lo que instaron a que las posibles irregularidades se atiendan por la vía institucional, con base en evidencias y respetando la presunción de inocencia. El Sistema Nacional Anticorrupción confió en que las autoridades actuarán con rigor técnico y transparencia, y llamó al propio Adán Augusto López a entregar voluntariamente la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza ciudadana.
