Plantean reforma a la Ley de Ganadería para garantizar la autonomía económica de mujeres indígenas y rurales

San Luis Potosí, S.L.P. La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley de Ganadería del Estado, cuyo propósito central es institucionalizar la igualdad sustantiva para las mujeres indígenas y rurales. La propuesta legislativa busca eliminar las barreras estructurales que históricamente han limitado el acceso directo de las mujeres a los apoyos, activos y proyectos productivos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), garantizando que los recursos del Estado lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que los esquemas actuales de distribución de apoyos frecuentemente se canalizan a través de figuras masculinas, lo cual invisibiliza la labor femenina y restringe la independencia financiera de las productoras. La reforma propone establecer el mandato legal para que la SEDARH asegure la titularidad directa de las mujeres en los beneficios agropecuarios, fomente su participación activa en los espacios de toma de decisiones y asambleas comunitarias, y priorice el financiamiento para proyectos liderados por mujeres indígenas.

Un componente relevante de la iniciativa es el enfoque de acompañamiento técnico, el cual deberá ser adaptado a la realidad pluricultural y a las brechas de género existentes. Sánchez de Lira precisó que la capacitación no puede ser estandarizada; por el contrario, requiere mecanismos que valoren los conocimientos tradicionales de las mujeres rurales, asegurando que las asesorías técnicas se ajusten a sus necesidades específicas. Asimismo, el proyecto plantea que el respeto a los sistemas normativos y prácticas tradicionales de las comunidades no sea utilizado como pretexto para vulnerar los derechos humanos fundamentales de las integrantes de dichas comunidades.

El documento sostiene que la autonomía comunitaria es inalcanzable si la mitad de la población es excluida de la participación económica y administrativa. La iniciativa busca fortalecer el tejido social rural mediante la inclusión financiera, siguiendo la línea de programas de bienestar que promueven la recuperación del campo mexicano. El proyecto fue turnado para su dictamen a las comisiones de Igualdad de Género y de Desarrollo Rural y Forestal, donde se analizará la viabilidad de estos mecanismos para democratizar la estructura productiva en las cuatro regiones del estado.