San Luis Potosí, S.L.P. La expedición de la Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios de San Luis Potosí dotará a la entidad de un modelo moderno enfocado en la reconstrucción del tejido social y la solución pacífica de controversias vecinales. La normativa, impulsada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, busca intervenir de manera oportuna en las conductas antisociales y las faltas administrativas cotidianas antes de que estas escalen a situaciones delictivas de mayor gravedad.
El nuevo marco jurídico parte del criterio de que las sanciones estrictamente punitivas resultan insuficientes para resolver las causas de fondo de los conflictos comunitarios. En su lugar, el sistema estatal de justicia cívica promueve un esquema de corresponsabilidad a través de juzgados cívicos regulados de forma integral, donde los jueces aplicarán mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación, evitando al mismo tiempo la saturación operativa de las instancias tradicionales de procuración e impartición de justicia penal.
Asimismo, la legislación introduce un catálogo de sanciones con enfoque restaurativo y de responsabilidad social, privilegiando la ejecución de trabajo en favor de la comunidad y actividades pedagógicas sobre el simple arresto o la multa económica. La implementación de este modelo complementario reforzará las políticas de proximidad entre la ciudadanía y los ayuntamientos, contemplando además brigadas de justicia itinerante para asegurar que los métodos de resolución pacífica y diálogo lleguen de forma efectiva a las localidades rurales y marginadas del estado.
