junio 15, 2024

junio 15, 2024

Programas sociales del Gobierno estatal, elevados a rango Constitucional

Funcionariado de SEDESORE y el DIF Estatal acudió al Congreso para analizar los beneficios que ello reportará a la población.

San Luis Potosí, S. L. P.- Integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Derechos Humanos del Congreso local aprobaron por unanimidad, la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales para combatir la pobreza y contribuir con los grupos vulnerables para salir adelante con esta iniciativa, presentada por el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

El diputado presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Edmundo Azael Torrescano Medina informó que en la reunión participaron el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), Juan Ignacio Segura Morquecho y el director jurídico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Julio César Martínez Vázquez, para analizar el tema y abundar en los programas que ambas instancias aplican, y en los que recaerá esta reforma.

Esta armonización a la reforma del artículo cuarto, – practicada en la Constitución General e impulsada por el presidente de la República -, es, incluso, más específica y positiva, “porque representa un gran brinco en temas de políticas públicas; viene con especificaciones claras señalando cuáles programas se realizarán para erradicar la pobreza en San Luis Potosí”.

El objetivo de la citada reforma es afianzar la obligatoriedad de los programas sociales que garantizan el derecho a una vida digna, a la alimentación y salud de calidad, mediante becas alimentarias; becas de recursos en efectivo para madres solteras; becas de adultos mayores en esquema de tortillas; agua gratuita; seguros de gastos médicos para mujeres; además de becas y transporte público para estudiantes en condición de pobreza.

En la reunión de trabajo quedó claro que se trata de una armonización que establece el tipo de programas, a través de becas para personas vulnerables, con énfasis en personas que padecen pobreza extrema, mujeres y estudiantes; “es un gran brinco en materia de desarrollo social porque se garantiza desde la Constitución la obligatoriedad del Estado para abatir el hambre con programas específicos”.

Al incluir en la Constitución estos programas, se establecen como un derecho, y es una obligación garantizarlos, de tal manera que no queda una situación ambigua sino específica y clara en las obligaciones; incluso, es más amplia y de mayor relevancia la reforma a la constitución local que como quedó establecido el tema en la Federal.

El titular de la SEDESORE, Juan Ignacio Segura aseguró que con esta reforma, los Poderes Ejecutivo y Legislativo trascienden y sientan un precedente en el manejo de políticas de inclusión, ya que el desarrollo social no estará sujeto a una mal utilización del recurso o a intereses políticos.

Estableció que los programas que ya se desarrollan, como los de adultos mayores; alimentación; mujeres; estudiantes; personas con discapacidad; madres solteras; placas y licencias gratis; entre otros, que son exitosos porque realmente hacen diferencia en la calidad de vida de las personas.

En ésta reunión de Comisiones Unidas participaron también los legisladores Emma Saldaña, Cuauhtli Badillo, René Oyarvide, Eloy Franklin, Bernarda Reyes, Rubén Guajardo, Ulises Mendoza, Ma. Elena Ramírez, Nallely Vargas, Edgar Anaya, Nadia Ochoa y Gabriela Martínez.