– El incremento representa un riesgo nacional que requiere intervención coordinada, señala el diputado Marco Antonio Gama.
San Luis Potosí, S.L.P. — Con el objetivo de evitar afectaciones a la economía familiar y garantizar la seguridad alimentaria, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones integrales que permitan estabilizar el precio de la tortilla ante el anunciado incremento en los costos de producción.
El legislador señaló que, aunque desde el Gobierno Federal se ha indicado que no existe justificación para un aumento debido a la estabilidad del precio del maíz blanco, en la práctica persiste una diferencia entre las cifras oficiales y la realidad que enfrentan los productores. Por ello, consideró indispensable establecer un diálogo directo entre los sectores productivos para generar certidumbre en el mercado y proteger a las y los consumidores.
El Punto de Acuerdo también propone exhortar a las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que instalen una mesa de diálogo urgente con representantes de la industria de la masa y la tortilla. El propósito es analizar los costos reales de producción y evitar incrementos arbitrarios que impacten negativamente en la economía popular.
Asimismo, se plantea evaluar la implementación de subsidios focalizados o apoyos técnicos dirigidos a pequeños y medianos productores, con el fin de que puedan absorber el alza en energéticos e insumos sin trasladar el costo final a la ciudadanía.
Gama Basarte advirtió que el incremento en el precio de la tortilla, al tratarse de un alimento básico en la dieta nacional, representa un riesgo que requiere la intervención coordinada de las autoridades federales. Señaló que esta problemática ya se refleja en San Luis Potosí, donde reportes ciudadanos indican que el kilogramo de tortilla en la zona metropolitana oscila entre 24 y 27 pesos.
El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado para su análisis.
