San Luis Potosí, S.L.P. La diputada Jessica Gabriela López Torres presentó una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. El proyecto plantea la incorporación progresiva del derecho al cuidado en el marco laboral burocrático, permitiendo que el personal que actúe como cuidador principal de familiares directos pueda acceder a permisos temporales en situaciones críticas de salud.
La propuesta legislativa establece que los servidores públicos del estado que tengan a su cargo el cuidado de hijos, así como de ascendientes en primer grado —como padres— con diagnósticos de dependencia funcional, podrán optar por licencias o permisos sin goce de sueldo. Esta medida está diseñada de forma específica para cubrir periodos críticos de hospitalización, convalecencia, cuidados paliativos, accidentes cerebrovasculares o crisis derivadas de trastornos mentales severos, tales como brotes psicóticos o episodios de manía, sin que ello implique la pérdida de sus derechos de antigüedad laboral.
De acuerdo con el documento en análisis, la cobertura contempla padecimientos oncológicos, enfermedades degenerativas de tipo neurológico o musculoesquelético, afecciones cardiacas crónicas y discapacidades orgánicas que limiten la funcionalidad del paciente. Para la autorización de dichas licencias, las y los trabajadores solicitantes deberán acreditar la condición médica del familiar mediante un certificado oficial expedido por una institución pública de salud o un centro médico privado debidamente autorizado por la ley.
La legisladora potosina expuso que esta iniciativa busca armonizar la legislación local con las políticas nacionales en materia de inclusión y derechos de los cuidadores, adaptando el marco jurídico a las realidades sociales para evitar que las personas pierdan sus fuentes de empleo por atender contingencias de salud en el núcleo familiar. Tras su presentación en sesión ordinaria, el expediente técnico fue turnado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud y Asistencia Social para su correspondiente estudio y dictaminación.
