– La indemnización deberá considerar la persistencia del contenido en la red, señala la diputada Dulcelina Sánchez.
San Luis Potosí, S.L.P. — Con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas de delitos contra la intimidad sexual, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado, a fin de incorporar la reparación integral del daño en estos casos.
La legisladora explicó que el artículo vigente tipifica la difusión ilícita de imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual —con o sin consentimiento para su obtención— cuando se transmiten, publican o difunden sin autorización de la víctima. Actualmente, este delito contempla penas de tres a seis años de prisión y multas de trescientos a seiscientos días de la unidad de medida de actualización.
La propuesta plantea que la reparación del daño incluya, además de lo previsto en las reglas generales, una indemnización compensatoria que considere la persistencia del contenido en internet. Sánchez de Lira señaló que este elemento es fundamental, ya que la naturaleza digital del delito provoca que el daño no concluya con un solo acto, sino que se prolongue indefinidamente debido a la posibilidad de replicación, almacenamiento y redistribución del material.
En su exposición de motivos, la diputada destacó que la difusión ilícita de contenido íntimo genera un daño moral profundo que afecta la esfera privada, el proyecto de vida y la estabilidad emocional de la víctima. Subrayó que la transición hacia entornos digitales ha transformado la magnitud del daño, pues cada reaparición del contenido en buscadores o redes sociales implica una nueva revictimización.
Recordó que, conforme a los estándares de reparación integral, esta debe ser adecuada, eficaz y proporcional a la gravedad de la afectación. Señaló que la justicia no se limita a la imposición de una pena privativa de libertad, sino que también debe garantizar el restablecimiento de la paz digital de la víctima. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
