San Luis Potosí, S.L.P., octubre de 2025 — Con el objetivo de fortalecer la protección penal frente a conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, enfocada en sancionar prácticas indebidas en el ámbito de la salud.
La propuesta legislativa busca garantizar el derecho a la salud, tutelado por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, ante situaciones como la ostentación de especialidades médicas no reconocidas, la reincidencia en faltas graves de atención y la sustitución arbitraria de medicamentos prescritos.
Durante la exposición de motivos, la legisladora subrayó que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud representa una de las actividades de mayor relevancia social, pues de ellas depende el bienestar físico y emocional de las personas. Por ello, enfatizó que la actuación de médicos, especialistas y responsables de farmacias debe apegarse estrictamente a la legalidad, la ética y los más altos estándares de responsabilidad.
Aradillas Aradillas advirtió que, en la práctica, se han detectado conductas que vulneran la seguridad de los pacientes, como el ejercicio indebido de la profesión, el uso de títulos no reconocidos, la reincidencia en negligencias médicas y la sustitución no autorizada de medicamentos, lo que genera un grave menoscabo a la confianza ciudadana en el sistema sanitario.
La iniciativa contempla sanciones más severas que las actuales, al considerar que las penas vigentes resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado. En casos de reincidencia, se propone la inhabilitación de uno a dos años en el ejercicio profesional, además de las penas correspondientes por los delitos consumados, sean dolosos o culposos. También se establece la obligación de reparar los daños, incluyendo gastos médicos y funerarios.
En particular, se plantea que la punibilidad señalada en el artículo 246 se aumente en una mitad cuando un médico se ostente con una especialidad no validada legalmente o reincida en alguna de las conductas señaladas. Asimismo, se propone sancionar con prisión de uno a tres años y multa económica a los responsables de farmacias que sustituyan medicamentos prescritos por otros inapropiados o dañinos.
La diputada recordó casos recientes que evidencian la urgencia de estas reformas, como el de una mujer que vivió seis meses con un catéter vencido tras una cirugía fallida, y el de un menor que sufrió un paro cardiaco por la aplicación de un medicamento incorrecto.
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en las comisiones legislativas correspondientes para su estudio y dictamen.
