Reformas educativas establecen protocolos para atender denuncias contra personal docente

Autoridades estatales y municipales deberán actuar con apego a derechos humanos y la dignidad de las y los maestros.

San Luis Potosí, SLP.- La Comisión Primera de Justicia aprobó reformas a la Ley de Educación y a la Ley de la Administración Pública del Estado, con el objetivo de implementar protocolos para la atención de denuncias contra personal docente, garantizando procedimientos imparciales y respetuosos de los derechos humanos.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de esta comisión legislativa, explicó que el dictamen contempla la reforma a la fracción III del artículo 86 y la adición del artículo 88 BIS de la Ley de Educación del Estado. Con ello, se establece que las autoridades educativas estatales y municipales deberán actuar con apego a la dignidad del personal docente denunciado por presuntos actos de violencia, acoso u hostigamiento.

Los protocolos deberán preservar los derechos fundamentales de la víctima y, al mismo tiempo, garantizar la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso administrativo y medidas de protección laboral frente a señalamientos no acreditados. En caso de que no se compruebe responsabilidad, se procederá a restablecer los derechos laborales del trabajador de la educación.

Asimismo, se adiciona la fracción XXXIII al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para integrar dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación el diseño, implementación y supervisión de estos protocolos, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y su órgano interno de control.

La legisladora puntualizó que no se consideró procedente reformar el Código Penal del Estado, ya que la finalidad de la iniciativa es fortalecer la protección educativa y no alterar el bien jurídico tutelado de la administración de justicia.

El dictamen será turnado al pleno para su votación, con la expectativa de consolidar un marco normativo que proteja tanto a las víctimas como a las y los docentes, privilegiando siempre la justicia y la dignidad en el ámbito educativo.