La tragedia volvió a desnudar la ineficacia del gobierno de Veracruz, encabezado por Morena. Mientras cientos de familias damnificadas por las intensas lluvias claman por ayuda, el Estado brilla por su ausencia. No hay coordinación, no hay auxilio, no hay un plan de emergencia visible. La desaparición del FONDEN —esa herramienta que antes garantizaba una respuesta inmediata ante desastres naturales— se siente hoy más que nunca: el vacío institucional se ha llenado de incertidumbre, desesperación y, ahora, de armas largas.
En algunas comunidades afectadas, la escena parece salida de una película distópica: hombres vestidos con ropa táctica, portando fusiles de asalto, recorren las calles repartiendo despensas y víveres a los damnificados. Nadie sabe quiénes son, pero todos coinciden en algo: llegaron antes que el gobierno. Mientras los caminos permanecen destruidos y la ayuda oficial se anuncia solo en comunicados, estos grupos armados se han convertido —para bien o para mal— en la única presencia efectiva sobre el terreno.
Lo más alarmante no es solo la omisión, sino lo que representa. El abandono gubernamental está cediendo espacio a estructuras paralelas que ganan poder y legitimidad donde las autoridades renuncian a actuar. La narrativa oficial, que insiste en que todo está bajo control, se estrella contra una realidad cruda: los ciudadanos desprotegidos confían más en quienes empuñan un arma que en quienes juraron protegerlos desde un escritorio.
Así, el desastre natural expone otro desastre: el político y administrativo. Veracruz, una vez más, es el espejo del fracaso de un modelo centralista que eliminó los instrumentos de respuesta rápida en nombre de la “austeridad”. Hoy, las lluvias arrastran no solo caminos y viviendas, sino también la credibilidad de un gobierno incapaz de cumplir con su deber más básico: estar presente cuando su pueblo más lo necesita.
