San Luis Potosí, 11 de agosto de 2025
En un esfuerzo por combatir uno de los delitos que más afectan el tejido social y la economía de los potosinos, el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí. La propuesta, que incluye la adición del artículo 231 BIS, busca imponer sanciones más severas a quienes cometan el delito de extorsión, alineándose con la Estrategia Nacional Contra la Extorsión para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.La iniciativa define en el artículo 230 que comete el delito de extorsión quien, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, intimide a otra persona para obligarla a realizar, omitir o tolerar alguna acción, amenazándola con causar un daño a su persona, familia o bienes. Este delito será castigado con 4 a 10 años de prisión y una multa de 400 a 1,000 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, cuando la extorsión se realice a través de medios de comunicación como hilos, radioelectricidad, medios ópticos, satelitales u otros sistemas electromagnéticos, las penas se elevan a 6 a 12 años de prisión y multas de 600 a 1,200 días de UMA.El diputado Arreola Mallol destacó que las sanciones se agravarán en un 50% adicional en casos específicos, como cuando:
- Participe una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.
- Se ejerza violencia física.
- La víctima sea mayor de 60 años, menor de 18 años, o una persona que no pueda comprender el significado del hecho o resistirlo.
- Se realicen recargas de tiempo aire a números telefónicos utilizados en el delito.
- Se depositen cantidades de dinero a cuentas bancarias vinculadas a la extorsión.
Además, el artículo 231 establece que, si un miembro de una corporación policiaca o un servidor público participa en el delito, enfrentará las penas previstas aumentadas en un 50%, junto con la destitución definitiva e inhabilitación de 1 a 20 años para ocupar cualquier cargo público. El artículo 231 BIS subraya que los delitos de extorsión serán perseguidos de oficio, reforzando la responsabilidad de las autoridades para actuar sin necesidad de denuncia previa.“Esta reforma busca dotar a las autoridades locales de herramientas legales más robustas para combatir la extorsión de manera integral, reduciendo sus manifestaciones y protegiendo a la ciudadanía de este delito que afecta la seguridad y la economía”, afirmó Arreola Mallol. La iniciativa, que ya fue turnada a comisiones para su análisis, representa un paso crucial hacia un San Luis Potosí más seguro, con un marco legal que castigue con firmeza las prácticas que vulneran la tranquilidad de las y los potosinos.
