San Luis Potosí, S.L.P.- La Secretaría General del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE), encabezada por Francisca Reséndiz Lara, denunció que el Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona estaría promoviendo un discurso que, a su juicio, criminaliza a jubilados y pensionados al atribuirles presuntos privilegios y responsabilidades sobre la situación financiera de la Dirección General de Pensiones.
La dirigente sindical afirmó que, mientras se acusa públicamente a este sector de afectar el desarrollo estatal, en la práctica —según señaló— se han reducido montos de retiro y aguinaldo, se han retrasado pagos y se ha precarizado el acceso a servicios médicos. Añadió que a trabajadores que ya cumplieron los requisitos para jubilarse se les estaría negando ese derecho bajo el argumento de falta de recursos.
Reséndiz Lara sostuvo que estos señalamientos buscan justificar posibles modificaciones a la Ley de Pensiones, entre ellas un aumento en las aportaciones de la burocracia, el incremento en la edad de retiro y la eliminación de nivelaciones. De acuerdo con la dirigente, tales cambios trasladarían a las y los trabajadores la carga del déficit financiero del Fondo de Pensiones, estimado por diversos medios en más de seis mil millones de pesos.
La representante del SITTGE también cuestionó declaraciones oficiales sobre un supuesto pago de cinco mil millones de pesos para sanear Pensiones, asegurando que persisten la insolvencia y la negativa de nuevas jubilaciones. Afirmó que, desde el inicio de la actual administración, las aportaciones de los trabajadores no se han transferido al Fondo en tiempo y forma, lo que —dijo— agrava la situación.
Asimismo, señaló que la Dirección General de Pensiones continúa sin otorgar préstamos a trabajadores, práctica que anteriormente ayudaba a enfrentar emergencias económicas. Consideró contradictorio que, mientras se afirma haber estabilizado el organismo, se responsabilice a jubilados y pensionados de su situación financiera.
Reséndiz Lara también rechazó versiones difundidas en medios locales sobre presuntos beneficios excesivos para jubilados, así como acusaciones de que los sindicatos se favorecen de sus recursos. Aseguró que las prestaciones han sido reducidas y que los jubilados ya no aportan cuotas sindicales.
La dirigente lamentó que se atribuya al SITTGE la intención de “preservar intereses particulares” o de recurrir al “chantaje”, y reiteró que la labor del sindicato es la defensa de los derechos humanos y laborales de sus integrantes.
Finalmente, exhortó a que se cumpla la legislación laboral, se cubran los adeudos pendientes y se respeten las minutas firmadas en 2021 y 2022. También desmintió que exista una convocatoria reciente para movilizaciones de jubilados y pensionados, recordando que la última protesta fue la Marcha por la Justicia Laboral y Social, realizada el 5 de diciembre.
