San Luis Potosí, S.L.P.- El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) denunció públicamente que el Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ha incumplido el derecho de petición consagrado en el Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no responder a las solicitudes formales entregadas por el gremio, ni atender las demandas laborales planteadas por sus integrantes.
La Secretaria General del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, informó que se han remitido 12 oficios solicitando audiencia directa con el titular del Ejecutivo, sin respuesta alguna, además de más de seis mil escritos relacionados con presuntos abusos laborales. Señaló que, ante la falta de diálogo, el sindicato ha recurrido a manifestaciones públicas, que han sido reprimidas con el uso de la fuerza, lo que calificó como una violación a los derechos humanos.
Reséndiz Lara acusó al Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez, de simular atención institucional sin resolver los compromisos establecidos en minutas firmadas, como la reinstalación de trabajadores despedidos. Afirmó que el sindicato no solicita privilegios, sino el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.
El asesor jurídico del SITTGE, Francisco Parra Barbosa, advirtió que el incumplimiento del derecho de petición también vulnera tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que el sindicato evalúa recurrir al amparo. Denunció además que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ha retrasado audiencias desde 2021, negando el acceso efectivo a la justicia.
Ante esta situación, el SITTGE ha presentado tres denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con respaldo de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores en los Servicios Públicos y Similares. El gremio espera que las recomendaciones emitidas por dicho organismo tengan carácter vinculante para autoridades estatales y federales.
Reséndiz Lara también reveló que ha recibido amenazas de muerte por su activismo sindical, responsabilizando al Gobernador de cualquier daño que pudiera sufrir ella o los integrantes del Comité Ejecutivo. Reiteró que el sindicato continuará denunciando públicamente las arbitrariedades y defendiendo los derechos laborales de sus afiliados.
