– La representación de ese sindicato estima que “ha sido mal asesorado” en torno a temas como el de Pensiones del Estado.
San Luis Potosí, S. L. P.- Los préstamos que otorga la Dirección de Pensiones del Estado son legales, “y los recursos de tal dependencia no son del Ejecutivo del Estado, sino de los salarios de la burocracia”, ante lo cual, expresó la fundadora y secretaria tesorera del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, esa organización sindical le ofrecióayuda para “que respete los derechos” de las y los empleados estatales, y cumpla con la ley,
Se recordó que cuando el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona denunció supuestas irregularidades en los préstamos de la Dirección de Pensiones a las y los trabajadores estatales, incluso se quejó de que pese a ello, quieren más recursos, pero, se advirtió, “ha sido mal asesorado”, respecto a ese y otros temas.
“Queremos decirle al Gobernador, que aquí estamos; lo queremos ayudar para que respete los derechos laborales de los trabajadores, porque no queremos más dinero en pensiones, sino simplemente que pague lo que debe”, dijo Reséndiz Lara, al explicar que el mandatario desconoce que a pesar de que cada quincena la Secretaría de Finanzas descuenta el 7 por ciento de cada salario, como aportación para su pensión personal, en realidad desde el 23 de noviembre de 2022 no se entrega tal recurso a la Dirección de Pensiones, por lo que existe un enorme adeudo, al tiempo que sostuvo que “sus asesores lo mal informan”.
Al tiempo, la lideresa histórica del SITTGE resaltó que la Ley de Pensiones autoriza los préstamos, por lo que “no es nada ilegal”, dijo, a la vez de cuestionar que posiblemente por su juventud, sus asesores lo informan erróneamente, y precisó que según la página de transparencia del gobierno estatal, en 2022 se otorgaron 274 créditos hipotecarios, de los cuales 204 fueron para burócratas, a quienes se transfirieron 158 millones, y 70 para maestros por 50 millones.
En total fueron prestados 208 millones 312 mil 522 pesos, y recordó que la norma antes mencionada, autoriza préstamos a corto plazo, los que el año pasado ascendieron a 8 mil 948, que en conjunto sumaron un total de más de 900 millones de pesos.
Por otra parte, reveló que la Secretaría de Finanzas debe a la Dirección de Pensiones un monto de 1,475 millones de pesos, que corresponden al gobierno de Gallardo Cardona, pues la administración de Fernando Toranzo Fernández dejo un adeudo por 495 millones de pesos, y del período de Juan Manuel Carreras López existe un pendiente de 703 millones, de modo que del débito total suma 3,044 millones de pesos.
En este sentido, el gobierno actual, en 14 meses “debe más” que las administraciones de sus antecesores, lo que asciende aproximadamente a la mitad del adeudo total, precisó la fuente.
Agregó que los préstamos son derechos de la base trabajadora, y las acusaciones de presuntas ilegalidades del mandatario estatal, estimó, obedecen a que “quiere poner una cortina de humo, criminalizando sus derechos”, destacó.
Por lo anterior, Reséndiz Lara cuestionó “dónde está el sindicato mayoritario?”, porque es esa instancia la que debe responder a las acusaciones del titular del ejecutivo estatal, y ahora “está escondido y no quiere sacar la cara”, pues no ha hecho nada ante despidos ilegales de personal por jubilarse, por lo que expuso: “Yo creo que el gobernador no tiene la información precisa para tomar esas decisiones, y sus asesores se aprovechan de su desconocimiento, y le mojan la oreja a su manera”, pues la incapacidad de éstos ha hecho que el SITTGE lleve el asunto a la Secretaría de Gobernación Federal.
Consideró que de seguir cerrándose a responder a las demandas del SITTGE, el gobierno estatal se conducirá hacia “un abismo” que se genera por la falta de oficio de sus funcionarios.
Más adelante, Reséndiz Lara estimó que el Gobernador no tiene conocimiento de los atropellos en que incurren sus funcionarios y asesores, quienes valiéndose de su inexperiencia de juventud, “le dicen lo que ellos quieren que sepa”, por lo que urgió que el mandatario estatal les otorgue una audiencia, solicitada desde abril, porque no se ha cumplido la minuta firmada en ese mes.
Ya para finalizar, la representante sindical resaltó que sólo quiere que se atiendan sus demandas y se respeten sus derechos “y se pague lo que les deben a compañeros”, en lugar de pagar por denostar.
