San Luis Potosí, S.L.P. — Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) llevaron a cabo la “Marcha por la Justicia Laboral y Social”, con el objetivo de exigir la resolución inmediata al conflicto laboral que mantienen con el Gobierno estatal desde hace más de cuatro años.
El contingente partió del Parque de Morales y avanzó por la avenida Venustiano Carranza hasta Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin en el que denunciaron despidos ilegales, retención de recursos sindicales y falta de respeto a derechos como salud y jubilación. Durante el trayecto, señalaron la presencia de agentes estatales vestidos de civil que documentaban la movilización.
La secretaria general del sindicato, Francisca Reséndiz Lara, demandó el cumplimiento de las minutas firmadas en 2021 y 2022, así como la reinstalación de trabajadores cesados y la entrega de sueldos y apoyos institucionales. En su intervención, recordó que cuatro empleados han fallecido por falta de atención médica, mientras que otros 14 enfrentan la negativa de acceder a jubilación y pensión, además de 213 despidos sin causa legal justificada.
Los manifestantes también denunciaron que el Palacio de Gobierno se mantiene resguardado con vallas y más de 250 elementos policiales, lo que interpretan como una muestra de cerrazón ante sus demandas. En volantes repartidos durante la marcha, acusaron al Ejecutivo estatal de criminalizar la organización sindical y de vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores.
Reséndiz Lara afirmó que, pese a los operativos de seguridad y las acciones de presión, el sindicato continuará su lucha por la dignidad laboral y la defensa de sus integrantes. En el mitin, trabajadores afectados compartieron testimonios sobre despidos sin notificación legal ni pago de finiquitos, resaltando que el SITTGE ha sido el único organismo que los respalda desde el inicio del conflicto.
Con esta movilización, el sindicato reiteró su exigencia de respeto a la normatividad laboral y a los convenios internacionales en la materia, subrayando que la solución depende de la voluntad política y del cumplimiento de la ley.
