– En octubre pasado, en Villa Arista habrían detenido sin motivo aparente a 4 personas.
– De 3 de ellas, aun se desconoce su paradero.
San Luis Potosí, S. L. P.- Personal de la Fiscalía especializada en materia de Derechos Humanos, logró vincular a proceso a cinco policias municipales de Villa de Arista, quienes presumiblemente participaron en la desaparición forzada de varías personas, e incluso una de ellas permanece en calidad de desaparecido.
Al proseguir con la audiencia inicial, el personal del Ministerio Público que litigó este asunto, presentó datos de prueba y argumentos, los cuales serán analizados por el Juez de Control a efecto de tomar una determinación al respecto.
Dentro de la misma audiencia, y a petición de la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE), se otorgó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los imputados de nombres Daniel “N”; Francisco “N”; Guillermo “N”, Leonel “N”; y Paula “N”.
Los citados policías municipales tienen en su contra una denuncia de dos hombres y dos mujeres, que el pasado 4 de octubre de 2022 circulaban en un automóvil y una camioneta, dentro del municipio de Villa de Arista, provenientes de la ciudad de San Luis Potosí, donde fueron abordados por los agentes policiales.
De acuerdo a la versión de las víctimas, sin motivo aparente, fueron detenidos y golpeados, pero en ese trance, uno de los afectados logró escapar y denunció a las autoridades lo sucedido a las autoridades, en tanto, de las otras víctimas aún se indaga su paradero.
Una vez que se dio con la identidad de los probables responsable, se obtuvieron las órdenes de aprehensión que se cumplimentaron hace unos días. En la misma audiencia, la autoridad judicial otorgó a las partes involucradas un periodo de 4 meses para desarrollar la investigación complementaria, por lo que las personas acusadas estarán en prisión preventiva en el penal de Matehuala.
Vale resaltar que de acuerdo a lo establecido en el Código Penal de San Luis Potosí, “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes”.
Con base en lo anterior, y de prosperar el proceso en contra de los policías, podrían hacerse acreedores a una pena de 15 a 40 años de prisión, y una sanción pecuniaria de 1 mil quinientos a 4 mil días del valor de la unidad de medida y actualización, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión, hasta por 10 años.
