– Municipios asumirían el servicio de agua potable.
San Luis Potosí, S.L.P.- La posible desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) abriría la puerta a que ambos municipios asuman directamente la prestación del servicio, tal como lo establece el artículo 115 constitucional, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías.
El legislador afirmó que esta medida permitiría ofrecer a las y los usuarios un servicio más eficiente, de calidad y acorde a sus necesidades, al quedar bajo administración municipal. Explicó que los Cabildos de Soledad y Villa de Pozos podrán aprobar la solicitud de salida y presentarla ante las instancias correspondientes, lo que permitiría al Congreso del Estado modificar el decreto de creación de Interapas y generar las condiciones legales para su extinción en su forma actual.
Gámez Macías expresó que respaldará el pronunciamiento realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la desincorporación, al considerar que traerá beneficios directos a la población. “La Constitución es clara: la prestación del servicio de agua corresponde a los municipios”, señaló.
El diputado del IX Distrito destacó que esta transición representa un acto de justicia social, al poner fin a lo que calificó como una política de desatención hacia Soledad y Villa de Pozos. Afirmó que ambos municipios han aportado mucho sin recibir beneficios proporcionales, por lo que administrar directamente el servicio permitirá ejercer plenamente su facultad constitucional.
Añadió que, como parte del proceso, se contempla iniciar con un proyecto de condonación de adeudos, lo que permitiría “arrancar en ceros” y brindar certeza a las familias que históricamente han pagado por un servicio que, dijo, no siempre se les ha prestado adecuadamente.
Finalmente, Gámez Macías aseguró que el Congreso está preparado para actuar en defensa de los derechos de las y los habitantes de la zona metropolitana. Subrayó que esta medida no va dirigida contra el organismo operador ni contra su base laboral, sino contra deficiencias de planeación y políticas públicas que, afirmó, han mantenido en rezago a Soledad durante décadas.
