José Ramiro “Pepín” López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha acumulado una fortuna compuesta por 13 ranchos valuados en conjunto en más de 8.6 millones de pesos. De acuerdo con su declaración patrimonial, ocho de esas propiedades fueron adquiridas entre 2018 y 2024, justo durante el periodo en el que su hermano ocupó la Presidencia de la República. Las compras se realizaron principalmente en efectivo, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos.
Durante ese tiempo, “Pepín” ocupó únicamente un cargo público: subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, empleo que mantuvo por apenas 22 meses. Aun así, logró pagar más de seis millones de pesos en propiedades rurales, incluyendo un rancho de 390 mil metros cuadrados adquirido en 2023 por tres millones de pesos. En su declaración patrimonial más reciente, solo reportó ingresos por su salario de 89 mil pesos mensuales, cifra que difícilmente justificaría tales compras.
A las adquisiciones de terrenos se suma la compra de un tractor nuevo, pagado de contado en marzo de 2024, por un monto de 1.2 millones de pesos. Además, “Pepín” reconoció poseer cabezas de ganado, aunque los ingresos derivados de esa actividad no son claros. Periodistas locales han señalado que el funcionario incluso funge como proveedor del programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, sin declarar formalmente esas operaciones.
El caso ha generado críticas debido a la aparente contradicción con los principios de “austeridad franciscana” promovidos por la llamada Cuarta Transformación, donde se priorizaba la modestia y el combate a la corrupción. La fortuna de “Pepín” López Obrador, amasada en pocos años, pone en entredicho ese discurso oficial y abre nuevas dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Guácala a la ambición: mientras se pide sacrificio y sencillez al pueblo, un hermano del presidente acumula tierras, maquinaria y ganado en efectivo. La incongruencia entre el discurso de austeridad y la realidad patrimonial de la familia López Obrador reaviva el debate sobre los privilegios, la opacidad y la ética pública en el entorno del poder.
