San Luis Potosí, S.L.P. Con el propósito de optimizar la respuesta institucional ante situaciones de violencia en el hogar, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí. El proyecto legislativo busca institucionalizar la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad como primer contacto y armonizar las atribuciones de las dependencias estatales con los estándares actuales de procuración de justicia con perspectiva de género.

La propuesta destaca la necesidad de integrar formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dentro del marco legal de atención, reconociendo que, en casos de crisis, el primer auxilio proviene de las corporaciones policiales mediante el despliegue de unidades especializadas. Con esta modificación, se busca dotar a la Guardia Civil Estatal y a sus unidades de género de atribuciones claras para ejecutar medidas de protección de emergencia, garantizar el traslado de víctimas a espacios seguros y asegurar la interrupción inmediata de las agresiones.

El dictamen también propone una actualización terminológica y conceptual del sistema de justicia. En el caso del sistema penitenciario, se sustituye el concepto de “readaptación” por el de “reinserción social”, estableciendo como eje central el tratamiento psicológico reeducativo obligatorio para agresores, con el fin de prevenir la reincidencia. De igual manera, se actualiza el marco de actuación de la Fiscalía General del Estado para garantizar que la recepción de denuncias se realice bajo protocolos estrictos de trato digno y no revictimización, obligando a la autoridad a dictar medidas de protección de oficio y de manera inmediata.

Otro componente estratégico de la iniciativa es la obligatoriedad de proporcionar información estadística desagregada por género, edad y municipio al Consejo Estatal. Esta herramienta permitirá a las autoridades diseñar políticas públicas más precisas basadas en el comportamiento real del fenómeno delictivo en cada región del estado. La iniciativa, que subraya la importancia de la colaboración interinstitucional y la especialización en la atención a las víctimas, ha sido turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis, dictaminación y posterior votación por parte del Pleno.