• La versión oficial es que “promueve la figura de Insumisión del Arbitraje para garantizar la protección y goce de los derechos laborales de trabajadores que son despedidos”

En lo que parece más la intención de allanarle el camino al Gobierno del Estado para concretar un despido de trabajadores rápido y sin obstáculos, la diputada María Elena Ramírez Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 138 BIS de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, para promover la figura de insumisión del arbitraje, lo cual, presuntamente, busca la protección y goce de los derechos laborales de trabajadores despedidos “a través de la finalización de un procedimiento de manera justa, pronta y expedita; y despresurizar el número de asuntos tramitados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte, la reforma, supuestamente en beneficio de quienes aparentemente se pretende despedir, busca permitir a las instituciones de gobierno, y sus titulares, terminar una contienda de manera eficaz, mediante el pago de las prestaciones laborales generadas por el trabajador, sin tener que someterse a un procedimiento extenuante, largo y con el riesgo de la generación de salarios vencidos, en detrimento de la hacienda pública de la cual son responsables. Lo cual se podría traducir, como una acción que anularía la oportunidad de que el afectado pudiera ser defenderse y ser vencido en tribunales.

En su exposición de motivos, la diputada señala que lo que sobresaliente de un análisis del desempeño de las juntas de conciliación y arbitraje, es la ineficiencia y la incertidumbre sobre el resultado final, ya que el sector patronal y las instituciones de gobierno se quejan de que los representantes de los trabajadores y sus abogados alarguen los juicios laborales para que se acumulen los salarios caídos. Pero también existen muchas quejas válidas del sector obrero, como que muchas veces, los patrones y las instituciones de gobierno no pagan, aun cuando los trabajadores ganan el laudo.

A la par de estos inconvenientes, tanto el trabajador como el Estado-patrón tienen que pagar aproximadamente 30 % de la indemnización a sus respectivos abogados. Lejos de tener un sesgo hacia el Estado-patrón o hacia el trabajador, de modo que la justicia laboral es costosa y dolorosa para ambos, señala el comunicado, sin reparar en este caso la defensa que realizan las representaciones sindicales y sus áreas jurídicas, que brindan su apoyo a los trabajadores sin costo alguno.

Por otra parte se hizo notar que la diputada Ramírez Ramírez busca incorporar en la norma burocrática local, la figura de la insumisión al arbitraje, que es recogida de la Ley Federal del Trabajo, que deberá ser ejercitada en la etapa de conciliación y previa a la fijación de la Litis, en términos de los diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa establece que “Si las instituciones públicas de gobierno o sus titulares, se negaren a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, el Tribunal:
I. Dará por terminada la relación de trabajo; II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulten a las instituciones públicas de gobierno o sus titulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones I y II; y IV. Condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, conforme a lo establecido en el artículo 59 de esta Ley.

La insumisión del arbitraje deberá promoverse de manera incidental, y previo al inicio de la etapa de demanda y excepciones”. La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.