El Instituto de las Mujeres del Estado se pronuncia por el respeto a los derechos de las mujeres. 

San Luis Potosí, S. L. P.- El Instituto de las Mujeres del Estado (Imes) como organismo público, tiene la obligación de garantizar la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, y en congruencia con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del pasado 8 de septiembre, defiende la no criminalización de las mujeres que deciden abortar, afirmó la titular de la dependencia, Marcela García Vázquez.

De acuerdo con la Ley del Instituto, se tiene la responsabilidad de generar las acciones necesarias para lograr que la atención en los servicios de salud sea brindada con perspectiva de género por tanto, le corresponde también la atribución de formular, dar seguimiento y evaluar -en coordinación con las dependencias gubernamentales- las políticas públicas transversales, y acciones afirmativas con perspectiva de género, en materia de derechos humanos.

García Vázquez hizo notar que el IMES se alinea con la política nacional de proigualdad, objetivo prioritario orientado a mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud, sin discriminación, desde una perspectiva de derechos.

Este objetivo, agregó, establece en sus líneas estratégicas fortalecer el marco institucional de las instancias de bienestar y salud que brindan atención directa a la población, para garantizar que sus servicios sean accesibles; de calidad; con pertinencia cultural; respeto a la diversidad y a los derechos de las mujeres; y como una acción puntual, promover la armonización del marco jurídico federal y estatal en materia de derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo, y el rechazó a la imposición de señalamientos religiosos en la protección de los derechos civiles de las mujeres.

Por último, comentó que en San Luis Potosí están garantizados los derechos humanos de todas las mujeres, y sin distingo alguno se respeta el derecho a decidir de cada una a tener los hijos e hijas que decidan tener. 

En ese contexto, la política pública con enfoque de derechos humanos y género, busca reducir las desigualdades económicas y de interseccionalidad para las mujeres más vulnerables del Estado.