– Instaurarán Consejos Municipales de Población en lodos los municipios de la Entidad.
San Luis Potosí, S. L. P.- Por vez primer, todos los municipios de la entidad contarán con Consejos Municipales de Población (Comupos), cuya instauración tiene la finalidad de fortalecer diversas políticas sociales, y contribuir a la disminución, cuando menos, de un 50 por ciento de la tasa de embarazos en adolescentes, cuyo índice asciende a 68 casos, por cada 1 mil jóvenes potosinas.
Lo anterior fue expresado en el marco de la instalación del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA) del Gobierno del Estado, donde la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), puntualizó que la estadística de nuestro Estado se encuentra dentro de la media nacional – de 68 por cada 1 mil-.
Al tiempo, la funcionaria Federal consideró que nadie debería de tener hijos antes de los 18 años de edad; no obstante, confió que en la Entidad se avanzará fehacientemente en la estrategia de prevención, debido al compromiso mostrado tanto por el Gobernador Gallardo Cardona, el Consejo Estatal de Población (Coespo), así como por todas las instituciones que conformaron recientemente el GEPEA.
Por parte del Coespo se confirmó que, en San Luis Potosí, existen 6 mil 387 niños y niñas nacidas de madres adolescentes, y se afirmó que el embarazo prematuro constituye un rezago específico por el cual se realizará un trabajo interinstitucional a nivel Estado, respaldado por la Conapo, y enfocado a postergar la edad de la maternidad y la paternidad, así como para responder a necesidades particulares de los 58 municipios en el Estado, en este tema. De ahí la necesidad de conformar los Comupos, para impulsar el adecuado crecimiento de niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, en la Entidad hay un registro de 211 niñas madres, menores de 14 años, por lo que se debe trabajar en erradicar este fenómeno social, para “que no exista la maternidad infantil”, lo cual obliga además a discutir el tema del abuso sexual de menores que frecuentemente ocurre al interior de la familia, amigos o conocidos.
Por otra parte se estableció que “ninguna niña debe ser víctima de violencia sexual
y, menos, después de ser víctima, ser obligada a ser madre, cuando el derecho la protege en este país, y en cualquier embarazo por violencia sexual se tiene el derecho a interrumpirlo”.
En ese sentido se afirmó además que el sector Salud, en todo el país, está obligado a ofrecer la interrupción a una niña que fuese embarazada por violación, y si desea continuar el embarazo, es obligación del gobierno atenderle, vigilar el parto de alto riesgo y garantizar el acceso a la atención.
En tanto, la secretaria general del Coespo confirmó que, siguiendo las instrucciones del Gobernador del Estado, impulsará la formación de los consejos municipales para aplicar los mecanismos necesarios y de respaldo gubernamental, aunque por el momento, la dependencia está desarrollando el programa especial de población, lo que facilitará su conformación, pero adelantó que ya se registran importantes avances en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
