Debido a un conflicto de interés la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del feminicidio de la joven potosina Karla del Carmen Pontigo Lucciotto .
La organización Amnistía Internacional informó que el Juez primero de Distrito determino que existe un conflicto de interés en este caso debido a que el ahora fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, se desempeñó como secretario particular del entonces Procurador General de Justicia del Estado Miguel Ángel García Covarrubias además de que el juez que determino que el feminicidio de la joven fue un homicidio culposo fue Julián Ruiz Contreras hermano del fiscal.
“Esos hechos son suficientes para concluir que sí puede tener un interés personal el asunto”.
Y que La FGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), resolvió “asumir la competencia para seguir conociendo las investigaciones relacionadas con los hechos en los que perdiera la vida Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, así como el actuar indebido e irregular en el que pudieron incurrir las personas que tuvieron intervención en la carpeta en el ejercicio del servicio público”.
También se indicó que, con esta atracción, se está sentado un precedente importantísimo en la lucha de las familias potosinas y de las de todo el país, hacia investigaciones que cuenten con mayor condiciones de independencia.
Karla del Carmen Pontigo Luccitto Karla Pontigo Lucciotto murió el 28 de octubre de 2012 debido a golpes y lesiones que sufrió cuando laboraba en un antro ubicado en la avenida Venustiano Carranza, en la capital potosina. En 2013, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy fiscalía general del Estado) determinó que era un homicidio culposo. Debido a que la investigación o se llevó a cabo con perspectiva de genero los familiares de la joven apoyados por organizaciones-entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Amnistía Internacional- en 2019 recurrieron a la Suprema Corte de Justicia cuyos ministros resolvieron que no se aplicaron los protocolos de feminicidio y se ordenó reponer la investigación.
